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Abogados especialistas en acoso a menores en redes sociales

La presente exposición pretende arrojar algo de luz sobre dos de los supuestos que integran el acoso a menores practicado a través de redes sociales y otros medios considerados como telemáticos, analizados desde un punto de vista de su tratamiento legislativo en el ámbito escolar de la Comunidad Autónoma de Galicia, ámbito en el que aparecen en la mayoría de los casos, como consecuencia de las relaciones entre alumnos, menores y mayores de edad y la incidencia en las mismas de las denominadas “redes sociales”, omnipresentes en la actualidad en nuestra sociedad y sobre todo en nuestras escuelas e institutos.

 

Estas dos conductas son el “ciberbulling” y el “grooming”. Cuando hablamos de ciberbullying, nos referimos “al acoso entre iguales”, que siempre ha existido, pero llevado a cabo a través de medios telemáticos como Internet, teléfonos móviles, smartphones, vídeojuegos, etc. Tanto el acosador, como la víctima, suelen ser personas de la misma o similar edad.

Por norma general, viene asociado con amenazas, insultos, vejaciones o de la creación de perfiles en redes sociales suplantando la identidad de la víctima y asociándola a contenidos vejatorios, del etiquetado de fotografías de otras personas o cosas con intención ofensiva hacia la víctima: “el ciberbullying supone el uso y difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de los medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de dispositivos móviles o la publicación de vídeos o fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos.”

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Cuando hablamos de grooming estamos hablando de una situación de acoso hacia el menor procedente de una persona mayor de edad con finalidad sexual explícita o implícita. Por norma general, una persona mayor de edad desarrolla una serie de acciones para ganarse la confianza del menor con el fin de obtener concesiones de índole sexual. Suelen incluir actuaciones que van desde un acercamiento con empatía y/o engaños, hasta chantaje para obtener imágenes comprometidas del menor y, en casos extremos, pretenden un encuentro en persona.

Ambas figuras tienen un tratamiento común a todo el estado español cuando revisten características de delito, Así las conducta tipificadas en las que mejor podrían encajar el Ciberbullyng serían las reguladas en el artículo 197 del Código Penal y el tipo penal más próximo en el caso del grooming está en el artículo 183 Ter del referido Código. Pero el ciberbullyng y el grooming, además, cuando no reúnen las características de delito y conforme al principio de intervención mínima del derecho penal, tienen su propio tratamiento dentro de la legislación administrativa aplicable al ámbito escolar en el marco de la Comunidad Autónoma de Galicia.

¿Cómo actuar ante casos de acoso a menores a través de redes sociales y otros medios telemáticos?

En este sentido, la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa, recoge en su artículo 7, el derecho del alumnado a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales y a la protección integral contra toda agresión física o moral, y en particular contra las situaciones de acoso escolar. Así mismo establece el artículo 12, “que podrán corregirse disciplinariamente las conductas del alumnado que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estuviesen motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afectasen a sus compañeros o compañeras o a otros miembros de la comunidad educativa y, en particular, las actuaciones que constituyan acoso escolar con arreglo a lo establecido por el artículo 28. Las posibles conductas contrarias a las normas de convivencia realizadas mediante el uso de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan conexión con la actividad escolar se consideran incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley”.

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Dentro del Artículo 15, de la citada norma y como “Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia”, nos encontramos, entre otras, con las siguientes:

  1. a) Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.
  2. d) La grabación, manipulación y difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que atenten contra el derecho al honor, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.
  3. e) Las actuaciones que constituyan acoso escolar con arreglo a lo establecido por el artículo 28 de la presente ley: Acoso escolar: A los efectos de la presente ley, se considera acoso escolar cualquier forma de vejación o malos tratos continuados en el tiempo de un alumno o alumna por otro u otra u otros, ya sea de carácter verbal, físico o psicológico, incluido el aislamiento o vacío social, con independencia del lugar donde se produjese. Tendrán la misma consideración las conductas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tuvieran causa en una relación que surja en el ámbito escolar.

Se equipara en la ley el acoso escolar al acoso a través de redes sociales

La normativa autonómica regula como medidas correctoras de dichas conductas perjudiciales para la convivencia en los centros docentes las siguientes:

  1. a) Realización, dentro o fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro.
  2. b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro por un periodo de entre dos semanas y un mes.
  3. c) Cambio de grupo.
  4. d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo de entre cuatro días lectivos y dos semanas. Durante el tiempo que durase la suspensión, el alumnado habrá de realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
  5. e) Suspensión temporal del derecho de asistencia al centro por un periodo de entre cuatro días lectivos y un mes. Durante el tiempo que durase la suspensión, el alumnado habrá de realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
  6. f) Cambio de centro.

La reparación de los posibles daños y perjuicios producidos por las conductas de acoso a través de medios telemáticos antes descritas, es decir la responsabilidad civil en que pudiera incurrir la persona o personas responsables de aquellas, deberá ser afrontada en casos de menores por las personas responsables legalmente de los mismos es decir sus padres o en su caso sus tutores o guardadores legales y en caso de ser mayores de edad, por ellos mismos.

Pero como especialidad propia de dichas actuaciones en los centros escolares, debemos señalar que las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. La responsabilidad citada cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, lo que configura una responsabilidad de la Consellería de Educación que podría ser condenada como responsable civil subsidiaria.

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