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El Divorcio en España, recorrido histórico por nuestro Ordenamiento Jurídico

Por Ángel Cobreiro, Abogado y socio de Fiadeira Legal, S.L.P.

En este comentario pretendo hacer un recorrido histórico sobre la implantación del divorcio en España, y para ello pretendo dar un pequeño esbozo a modo de pinceladas rápidas sobre su regulación en nuestra Legislación.

El Divorcio en España, recorrido histórico por nuestro Ordenamiento Jurídico

Empezaremos por definir el concepto divorcio y para ello nos remitimos al  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que define el Divorcio como “acción o efecto de divorciar o divorciarse”, mientras que define el término divorciar como “Disolver o separar el juez competente, por sentencia, el matrimonio, con cese efectivo de la convivencia conyugal”; por ello podemos decir que el divorcio es una causa de disolución del vínculo matrimonial junto con la muerte de uno de los cónyuges o la anulación del matrimonio.

El divorcio tal y como lo entendemos hoy en día  se incorporó a nuestro Ordenamiento Jurídico por primera vez en tiempos de la II República, concretamente por la Ley de Divorcio de 1932 dictada en cumplimiento del mandato constitucional que obligaba el art. 43 de la Constitución de 1931, que venía a decir que el matrimonio se podía disolver por justa causa. Esta Ley de Divorcio fue derogada por una Ley de la Dictadura de Franco de 29 de septiembre de 1939, no volviéndose a reconocer el Divorcio en nuestra legislación hasta la llegada de la democracia con la proclamación de la Ley 30/1981 de 7 de julio, de Divorcio, también conocida como Ley Ordóñez por ser Francisco Fernández Ordóñez en esos momentos Ministro de Justicia del Gobierno de Adolfo Suárez.

La Ley Ordóñez

El divorcio contemplado en la Ley Ordóñez era también causal y exigía una separación judicial previa, lo que lo hacía engorroso, caro y lento. Esta Ley contenía aspectos sustantivos y procesales, ya que no solo modificaba la regulación del matrimonio en el Código Civil sino que regulaba los aspectos procesales ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en ese momento no recogía la regulación procesal del divorcio, pues en el año 1981 estaba vigente la L.E.C.  de 1881 y que siguió estándolo hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

La Ley Ordóñez siguió vigente en sus aspectos sustantivos hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley 15/2005 conocida como “Ley del divorcio exprés de Zapatero que es la que sigue regulando el divorcio en el momento actual. Llegado este punto, tengo que decir que la Ley vigente no es causal, ya que el art. 81 del Código Civil permite solicitar el divorcio sin que tenga que haber una sentencia de separación previa por el simple transcurso de tres meses desde su celebración y sin necesidad de alegar causa alguna. Por eso se le llama exprés, pero no significa que sea inmediato, como parece ser entendido por la gente en general, ya que la rapidez depende del funcionamiento del Juzgado de Familia competente, que es el del último domicilio conyugal o el del domicilio del demandado.

Proceso de Divorcio

El divorcio puede ser de dos tipos:

  • De mutuo acuerdo
  • Contencioso

En el primero de lo casos es necesario redactar por los cónyuges un convenio regulador donde se mencionen los acuerdo tomados libremente por ellos en cuanto a su situación personal, patrimonial y en relación con los hijos si los hubiere, este convenio regulador una vez ratificado ante el juez será aprobado por dicho juez. El divorcio contencioso requiere la presentación de una demanda y tras el correspondiente juicio verbal y la  proposición y práctica de la prueba se dicta sentencia por el Juez.

Para el caso de que existan hijos menores de edad tiene que intervenir necesariamente el Ministerio Fiscal en ambos tipos de procedimientos, pudiendo incluso oponerse el Fiscal o solicitar la modificación del convenio regulador de divorcio aprobado por los cónyuges.

Si fuera necesario en caso de divorcio contencioso regular situaciones antes de celebrarse el juicio, los cónyuges pueden valerse del procedimiento de medidas provisionales previas o coetáneas. Estos procedimientos de medidas provisionales o los dos tipos de divorcio antes mencionados requieren la intervención de Abogado y Procurador, si bien en el caso de ser de mutuo acuerdo ambos cónyuges pueden valerse de los mismos profesionales.

Tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015  los divorcios de mutuo acuerdo en los que no existan hijos menores de edad pueden formalizarse ante Notario, si bien los Notarios para este tipo de intervención necesitan la firma de Abogado.

Pues bien, y como colofón, hay que decir que antes de la regulación del divorcio que acabamos de mencionar y como antecedente histórico, encontramos regulada esa figura jurídica en el Liber Iudiciorum del Rey Recesvinto que data del año 654 y que fue traducido del latín a la lengua romance castellana en el año 1241 mediante su incorporación al llamado Fuero Juzgo que recogía la posibilidad de disolución del matrimonio por causa de sodomía en el varón o por ejercicio de la prostitución o el adulterio para el caso de la mujer.

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